Ciudad de Panamá, 22 sep (EFE).- Alrededor de un centenar de sobrevivientes del envenenamiento masivo más grave de la historia de Panamá, que fue provocado por un jarabe tóxico distribuido por el seguro social, protestaron este miércoles frente a la sede de la Presidencia para exigir mejoras en la atención médica y social.
El presidente del Comité de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual, explicó a Efe que esperaban que una comisión gubernamental los recibiera para plantear sus quejas, pero no fueron atendidos.
"Es una gran tristeza. No hubo respuesta. Las autoridades no llegaron, ni siquiera Salud ni la Caja del Seguro Social. Esto nos lleva a pensar que no hay voluntad", afirmó.
Al menos 100 personas afectadas por este jarabe tóxico a inicios de la década del 2000 protestaron en la céntrica Plaza Catedral, frente a la sede del Ministerio de la Presidencia, con el fin de reunirse con las autoridades y hacerles llegar una serie de peticiones para mejorar sus condiciones.
Entre ellas está "la certificación de las víctimas (pendientes de evaluación), mejorar la atención médica hospitalarias, médicas y citas y aumentar las pensiones", explicó Pascual, quien detalló que la situación empeoró con la llegada de la pandemia de la covid-19.
Así, anunció que seguirán "luchando" en diferentes puntos del país "para lograr los objetivos", entre ellos "mejorar la calidad de vida" de las víctimas".
En el 2003 la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina con la que elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano, del que se distribuyeron por el país más de 200.000 frascos, y el en 2006 se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
El Estado panameño ha reconocido hasta ahora alrededor de 1.440 víctimas, de las cuales 854 son sobrevivientes, y el resto ha fallecido, de acuerdo con datos de un comité de afectados que dirige Pascual.
Varios exfuncionarios del Seguro Social han sido procesados y sentenciados a prisión por este caso, e incluso el Gobierno panameño creó en 2018 una comisión de alto nivel para garantizar la "atención medico-hospitalaria, social y económica" de los afectados por el dietilenglico.
