La reforma judicial impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido aprobada por más de la mitad de los congresos estatales del país, avanzando hacia su promulgación. La iniciativa, que propone elecciones populares para jueces y la Suprema Corte, recibió el respaldo de 17 de los 32 congresos estatales, tras una rápida tramitación en el Senado y la Cámara de Diputados.
Esta reforma ha desatado controversia y críticas sobre su impacto en la democracia. Luis Pereda, exmiembro de Barra Mexicana de Abogados, argumenta que la reforma podría debilitar el estado de derecho en México al concentrar más poder en el presidente y alterar la separación de poderes. Además, la reforma incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que algunos temen pueda ser utilizado para fines políticos.
Pereda también advierte sobre el riesgo de que el crimen organizado y la corrupción influyan en la elección de jueces, potencialmente comprometiendo la integridad del sistema judicial. La aprobación de esta reforma ha suscitado preocupaciones sobre su impacto a largo plazo en la independencia judicial y el estado de derecho en México.
