El 2 de enero de 2020, el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, acompañado por su señor padre, sostuvo una ceremonia simbólica en la que se proclamó como primer ejecutivo de Puerto Rico. El acto protocolar sin embargo, fue eje de controversia ya que el evento, planificado por la hermana, contó con la participación de 400 invitados, quebrantando la orden ejecutiva que no permite aglomeración de multitudes debido a la pandemia.
Pero el camino de Pierluisi hacia el puesto de gobernador no fue fácil.
Se enfrentó a una seria oposición de algunos legisladores, especialmente con homólogos de su propio colectivo político (Partido Nuevo Progresista), lo que podría obstaculizar su función. Su victoria, lejos de ser abrumadora, sólo contabilizó un 33% de electores.
Pierluisi, es abogado, se desempeñó como secretario de Justicia durante tres años bajo el padre del Ricky Rosselló, el exgobernador Pedro J. Rosselló.
En el 2008 fue electo por el pueblo para representar a Puerto Rico en el Congreso como su comisionado residente (sin derecho a voto) y sirvió de 2009 a 2017.
Su desempeño le ganó popularidad y convirtió a Pierluisi, quien proviene de una familia política, en un candidato atractivo para gobernador en 2016.
Perdió las primarias ese año ante Ricky Rosselló por alrededor de 10,000 votos.
Luego respaldó a Rosselló, quien como él, es demócrata cuando se trata de política estadounidense, aunque los partidos de Puerto Rico no coinciden político o ideológicamente con ellos.
El Partido Nuevo Progresista apoya la estadidad de Puerto Rico.
En 1994, mientras Pierluisi era secretario de Justicia, su hermano menor, José Jaime Pierluisi, un asistente del gobernador de 28 años, fue asesinado a balazos en un robo de auto en San Juan.
Pierluisi es considerado competente y experimentado por analistas políticos.
Como comisionado residente, se aseguró de que Puerto Rico recibiera fondos de estímulo federal y estuviera cubierto por la Ley del Affordable Care Act. Ambos fueron considerados logros importantes.
Después de dejar el cargo, trabajó para O'Neill & Borges, un bufete de abogados que realiza consultoría legal externa para la Junta de Supervision Fiscal designada por el Congreso, la cual estaba dirigida por el cuñado de Pierluisi, José B. Carrión III, una relación considerada como problemática por la prensa y políticos de oposición.
Pierluisi ha destacado sus conexiones con Washington como una ventaja ya que es crucial restaurar la confianza de las autoridades federales y del Congreso.
En 2016, The New York Times descubrió que Pierluisi introdujo una legislación como comisionado residente que beneficiaría al menos a dos empresas de Wall Street que habían contratado a su entonces esposa, María Elena Carrión, para asesorarle.
El patrimonio neto de la familia aumentó en parte gracias al trabajo de la Sra. Carrión ayudando a las empresas a encontrar ganancias en activos financieros enfrentando dificultades en Puerto Rico.
Tanto Pierluisi como Carrión, una banquera de inversión con experiencia, dijeron en ese momento que nada de lo que había hecho tenía la intención de ayudar a su empresa de asesoría financiera, que ella creó 20 días después de que él fuera elegido en 2008.
Pierluisi y Carrión están ahora divorciados.