Santa Cruz (Bolivia), 2 ene (EFE).- Las protestas en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, se han mantenido constantes este lunes en busca de lograr la libertad del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, detenido por el llamado caso "golpe de Estado I" relacionado con la crisis política de 2019.
Esta jornada varios grupos de mujeres se han volcado a las calles de Santa Cruz, primero por la mañana y luego al final de la tarde, para instalar una vigilia enfrente del Comando Departamental de la Policía para reclamar por los detenidos y la libertad de Camacho.
En la manifestación de la tarde, la mujeres congregadas ante el edificio policial lucieron prendas negras para representar el mal momento que pasa el departamento, desde que el miércoles pasado la Policía detuvo a Camacho y lo trasladó a La Paz, donde permanece en un penal de máxima seguridad.
Asimismo, a metros de la principal comandancia de Policía, se hicieron barricadas con escombros e incluso los restos de los vehículos quemados en los enfrentamientos de los días pasados entre los partidarios del gobernador y la Policía.
Esas refriegas han derivado en varios destrozos de consideración en instituciones públicas del nivel nacional y también regional, por lo que han habido varios detenidos.
Entrada la noche de este lunes, nuevamente se replicaron los enfrentamientos entre manifestantes, que utilizaron petardos y pirotecnia contra la Policía, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos.
Por otro lado, en la central Cochabamba ha habido una marcha y un plantón en el Comando de la Policía de ese departamento, lo mismo que en la sureña Tarija bajo la premisa de exigir la libertad de Camacho.
En Santa Cruz, que también es el motor económico de Bolivia, se han instalado bloqueos de caminos con la finalidad de que muchos de los alimentos que produce la región y que consume el resto del país no salgan del departamento.
El gobernador Camacho está acusado por terrorismo, por lo que un juez dictó su detención preventiva en una cárcel a 35 kilómetros de La Paz y a casi 4.000 metros de altitud, en el altiplano del país.
La denuncia la presentó a finales de 2020 una exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por las protestas sociales que en 2019 denunciaron un fraude electoral en las frustradas elecciones ese año y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que advirtió sobre un "golpe de Estado" en su contra.
