Bangkok, 25 abr (EFE).- Las protestas contra la junta militar birmana que perpetró un golpe de Estado el pasado 1 de febrero continuaron este domingo en varias ciudades de Birmania, pese al compromiso alcanzado la víspera entre los uniformados y los líderes del Sudeste Asiático para parar la violencia contra los civiles.
Aunque no se produjeron manifestaciones multitudinarias en las grandes ciudades, tuvieron lugar algunas marchas pacíficas de menor rango, como una de monjes budistas en Mandalay, la segunda ciudad del país, donde también salieron decenas de jóvenes en apoyo del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, compuesto por antiguos cargos civiles depuestos y creado como contrapeso a los militares.
Según el portal Khit Thit Media, también se produjeron movilizaciones en un distrito de Rangún, la ciudad más poblada, y en localidades más pequeñas como Namti, en el estado Kachin, controlado por una guerrilla étnica levantada en armas contra los uniformados.
Las protestas se producen un día después del acuerdo alcanzado entre los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la junta militar para poner fin a la violencia contra la población civil durante una cumbre celebrada el sábado en Yakarta.
Tras una reunión de emergencia sobre la crisis birmana y a pesar de las diferencias de posturas iniciales entre los miembros, el bloque ASEAN aprobó este sábado de manera consensuada un comunicado en el que se señala explícitamente que "habrá un cese inmediato de la violencia en Birmania y todas las partes ejercerán la máxima moderación".
El acuerdo, sin embargo, ha recibido críticas de activistas birmanos y de grupos pro derechos humanos por la falta de concreción en la forma en que se aplicarán las medidas y por no incluir ningún compromiso sobre la liberación de los más de 3.000 presos políticos del país.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), al menos 748 personas han muerto por la represión de la junta militar desde el pasado 1 de febrero y 3.389 permanecen detenidas por motivos políticos, entre ellos la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Los militares justifican el golpe de Estado del pasado 1 de febrero por un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, en las que ganó con una enorme ventaja la Liga Nacional paa la Democracia, el partido encabezado por Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde la asonada.
