A raíz de las protestas por la justicia racial en todo el país, Ohio y otros estados están considerando la posibilidad de legislar para enjuiciar a los organizadores de protestas violentas y penalizar a quienes acosen o dañen a oficiales y otro personal del servicio de emergencias.
El Comité Judicial del Senado ha celebrado dos audiencias sobre el proyecto de ley 16 que introduciría sanciones por obstruir las vías de transporte que bloqueen a los oficiales y también por intimidar, amenazar o agredirlos.
La Comisión de Justicia Penal de la Cámara de Representantes ha celebrado una audiencia sobre el proyecto de ley 109, que crea nuevas legislaciones relacionadas con los disturbios y el vandalismo.
Aumenta las penas por conducta desordenada durante un disturbio o una protesta ilegal y amplía la ley de actividades corruptas del estado para aplicarla a quienes proporcionan "apoyo material o recursos" a los manifestantes.
En esta categoría se incluyen desde agua embotellada hasta armas.
Podrían ser procesados, su organización disuelta y sus bienes confiscados.
La ley también define como disturbio el bloqueo de una intersección por cinco o más personas.
Según Gary Daniels, de la ACLU de Ohio, este proyecto de ley tiene muchas ramificaciones y podría acabar enfriando la voluntad de los ciudadanos de ejercer sus derechos de la Primera Enmienda.
El verano pasado, más de 30 protestas, en su mayoría pacíficas, surgieron en toda la región local, desde Hamilton hasta Dayton, pasando por Beavercreek y Springfield.
En junio de 2020, el gobernador Mike DeWine y el fiscal general de Ohio, Dave Yost, anunciaron recomendaciones para reformar la policía, entre ellas la creación de una junta de supervisión y rendición de cuentas y la obligación de realizar investigaciones independientes de los tiroteos con participación de agentes policiacos y de las muertes bajo custodia.
