Bagdad, 5 feb (EFE).- La iniciativa del poderoso clérigo chií Muqtada al Sadr para devolver las propiedades que fueron incautadas a los cristianos de Irak durante los años más brutales de la violencia sectaria ha sido bien acogida, pero también plantea dudas porque no es gubernamental y porque esta comunidad aún teme represalias.
Al Sadr anunció a principios de año la formación de un comité especial para analizar los casos y devolver las propiedades que fueron confiscadas, bajo la supervisión del movimiento sadrista que se encargará de castigar a los usurpadores, aunque no pertenezcan al grupo político que dejó las armas.
El plazo es hasta la fiesta musulmana del Aid al Fitr, a mediados de mayo, pero no queda claro cómo se hará, sin la participación de las autoridades, además de que los afectados tienen que presentar documentos de identidad y propiedad, de los que no siempre disponen o quieren revelar.
MIEDO A RECLAMAR
Un cristiano iraquí, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a Efe que su hermano fue expulsado de su casa en 2007: hombres armados le dejaron una carta con una bala y le dieron tres días de plazo para abandonar la vivienda. "Si te encontramos en tu casa en tres días, solo puedes culparte a ti mismo", rezaba la misiva, que llevó al hombre a huir con su familia a la región del Kurdistán (norte).
"Mi hermano tiene todos los documentos oficiales que acreditan la propiedad de la casa, pero no puede acudir a los departamentos gubernamentales por temor a que lo maten, porque el Gobierno es débil y los hombres armados son fuertes", explicó.
Por ese mismo miedo, afirmó que su hermano "no presentará ningún documento al comité formado por Al Sadr, por temor a que se filtre a grupos poderosos que le identificarían y matarían".
"Mi hermano presentará una denuncia cuando haya un Gobierno fuerte que pueda proteger al ciudadano y no permita que nadie lo amenace", concluyó, en referencia a las milicias que detentan más poder en ocasiones que las propias fuerzas de seguridad y autoridades.
¿DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO?
En opinión de Pascal Isho Warda, exministra de Migración y Desplazados, y actualmente jefa de la ONG Hammurabi, "la iniciativa de Al Sadr es buena y noble", pero esperaba que la tomara el Gobierno y "asumiera su responsabilidad", porque "si no hay seguridad y no se protegen las propiedades de los ciudadanos, será difícil" que tenga éxito.
La mujer fue ministra en el primer Gobierno formado tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando empezó la violencia contra los cristianos, a los que se les acusaba de colaborar con las fuerzas extranjeras.
Alertó de que "la iniciativa de Al Sadr carece de marco legal y debe ser adoptada por el Ejecutivo y el Legislativo", aunque admitió que el movimiento Sadrista tiene presencia en la coalición más numerosa del Parlamento.
Su organización Hammurabi ha documentado "cientos de casos en varias provincias", principalmente en Bagdad, Mosul y Kirkuk (norte), pero los datos definitivos serán entregados al Consejo Supremo Judicial porque la cuestión "es compleja y necesita de la cooperación de todas las instituciones estatales, incluido el poder judicial".
Según Isho Warda, las expulsiones se produjeron en el "caos" después de 2003 por parte de "algunas milicias y grupos armados con uniformes policiales, pero las investigaciones no pudieron determinar quién estaba detrás de la incautación de bienes".
"Sólo llegaron a la conclusión de que milicias armadas confiscaron las propiedades de los cristianos, pero ¿Quiénes son esas milicias? Muchos han acusado al Ejército del Mahdi, pero ¿Fue el Ejército del Mahdi?", se preguntó en referencia al grupo insurgente fundado por Al Sadr contra la invasión estadounidense.
Casi dos décadas después, muchos cristianos están en el exilio y temen reivindicar sus bienes, por lo que "el Estado iraquí debería ofrecerles seguridad y estabilidad primero, para que regresen a reclamar sus derechos".
UNA COMUNIDAD DIEZMADA
Antes de la guerra de 2003, había cerca de un millón y medio de cristianos en Irak, pero en la actualidad son un escaso medio millón, según cálculos de esta comunidad religiosa ancestral.
El pasado diciembre, el patriarca de Babilonia de los caldeos, Louis Raphaël I Sako, expresó su descontento con el Estado iraquí, que tampoco ha ofrecido apoyo a los cristianos después de que hayan sufrido la persecución del grupo yihadista Estado Islámico (EI), entre 2014 y 2017.
"No se presta atención a la comunidad cristiana de Irak, aunque es un componente de la sociedad pacífico y leal al Estado, pero el Estado le ha dado la espalda y esto nos entristece", dijo el patriarca.
Asimismo, denunció que las iglesias destruidas y quemadas por el EI, así como viviendas, comercios y propiedades privadas de cristianos, que fueron arrasadas cuando los radicales irrumpieron en sus poblaciones en Nínive (noreste), no han sido reconstruidas.
La iniciativa de Al Sadr no tiene en cuenta esas propiedades, sino que se remonta a los años de la violencia sectaria a manos de los suníes y chiíes, y de milicias y figuras conocidas.
Un exdiputado cristiano, Joseph Saliwa, estimó el pasado noviembre que fueron confiscados hasta 60.000 bienes raíces propiedad de cristianos en el centro y sur de Irak en aquellos años, en los que la minoría fue duramente golpeada.
Shaalan al Yaburi
