Las detenciones en el régimen de excepción representan cerca del 1 % de los salvadoreños

San Salvador, 30 dic (EFE).- Las autoridades de seguridad de El Salvador han reportado bajo el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas, más de 60.400 detenciones, lo que representaría cerca del 1 % del total de la población del país.

Los datos oficiales indican que, al menos hasta el 19 de diciembre, los cuerpos de seguridad registraron 60.452 arrestos, que representarían el 0,95 % de los salvadoreños.

Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la población total de El Salvador es de 6.325.827.

SE ELEVA HACINAMIENTO

De acuerdo con Zaira Navas, jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, "antes del inicio del régimen de excepción, El Salvador ya tenía una alta sobrepoblación y un gran índice de hacinamiento" en las prisiones.

Navas explicó a EFE que "para 2021 los centros penales reportaban una capacidad instalada de 32.000 personas", pero el número de presos era "mucho mayor".

Datos de la Dirección General de Centros Penales indican que en 2021 el total de privados de libertad era de 36.515, un hacinamiento del 118 %.

Dijo que con las detenciones durante el régimen de excepción "estamos hablando de una sobrepoblación que rebasa el 300 % casi de las personas detenidas" y "esto hace inviable tanto el control de los centros penitenciarios, como la vida misma en la cárcel", acotó.

Sin embargo, subrayó que "probablemente estas 60.000 personas que reporta el Gobierno no necesariamente están detenidas ya", dado que se estaría deteniendo también a personas que recibieron la libertad condicional o "fueron sobreseídas o absueltas" de cargos.

"Esto obviamente no da confianza en las cifras que el Gobierno reporta. No obstante, siempre la cantidad de personas detenidas rebasa en gran manera la capacidad de los Centros Penales", dijo la letrada.

Recordó que también han "denunciado reiteradamente la cantidad de personas que fallecen al interior de los centros y que les "preocupa la cantidad de personas que están siendo enterradas en fosas comunes y que no se les informa a los familiares".

Desde marzo, cuando el Congreso aprobó a petición del Ejecutivo de Nayib Bukele la suspensión de varias garantías constitucionales, son al menos 90 las personas fallecidas en custodia estatal.

"CONSOLIDA AUTORITARISMO"

Para Celia Medrano, defensora de derechos humanos, el "régimen de excepción consolida en autoritarismo en El Salvador mediante la normalización de la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la arbitrariedad".

Dijo a EFE que, a su juicio, esto se da "a través de la imposición de la militarización de todas las esferas sociales, económicas y políticas del país.

"Esto produce un clima de impunidad y se impone a partir del miedo, puesto que no existiendo un régimen de derecho al estar cooptada toda la institucionalidad estatal, cualquiera puede ser víctima de la arbitrariedad", dijo.

Medrano prevé que en 2023 "el Gobierno impondría nuevas penalidades que le permitan continuar con la militarización de la seguridad publica sin sostener un año más la condición de régimen de excepción".

"Quedará más claro que la intencionalidad real no es garantizar resultados sostenibles en la seguridad de la mayoría de la población, sino el de sostener un estado permanente de sometimiento a través del miedo e impunidad, en particular contra cualquier voz crítica", advirtió.

De acuerdo con el presidente Bukele, con el régimen de excepción el Gobierno se acerca a ganar la llamada "guerra contra las pandillas".