El mayor escándalo de corrupción en la historia de Ohio continúa teniendo repercusiones. En semanas recientes, documentos que salieron a la luz pública revelan como en 2018, la empresa FirstEnergy donó $2.5 millones buscando asegurar el triunfo electoral del gobernador Mike DeWine en las urnas.
El dinero fue dividido en tres pagos y entregados a través de “State Solutions”, una organización sin fines de lucro que respaldaba la entonces candidatura de DeWine y afiliada a la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA). Según las regulaciones, a la entidad no se le requiere revelar la proveniencia de donaciones.
Uno de los pagos –por un monto de $500 000– se hizo específicamente a DeWine, mientras otros dos iban a nombre de RGA. Los documentos con la evidencia fueron enviados por la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO) a la cadena USA Today, al Ohio Capital Journal y a Energy News Network.
La documentación también demuestra un elaborado patrón de trabajo –tras bastidores– por parte de la corporación FirstEnergy para que DeWine resultara electo.
En una comunicación por medio de correo electrónico (del 14 de agosto de 2018) el entonces director ejecutivo de FirstEnergy, Chuck Jones, invitaba a desarrolladores e inversionistas a un evento de recaudación de fondos para DeWine:
“La carrera para la gobernación en otoño es muy importante para FirstEnergy desde una perspectiva tanto legislativa como regulatoria, y lograr que Mike cruce la meta final es fundamental”.
Para esta fecha, FirstEnergy buscaba el rescate fiscal de dos plantas nucleares propiedad de una de sus subsidiarias, hecho que dio paso al controvertible proyecto de ley conocido como “House Bill 6”.
En 2019, la corporación colaboró con legisladores republicanos en la redacción de la medida “HB 6” como una de reforma energética, pero que incluía mil millones de dólares para el rescate fiscal de las dos plantas nucleares. DeWine firmó el proyecto de ley pocas horas después de que llegara a su escritorio.
No obstante, cabe señalar que –hasta el momento– DeWine no ha sido señalado de estar implicado en las investigaciones o casos judiciales –en curso– relacionados al esquema de sobornos que rodea al rescate fiscal de las plantas nucleares.
Sin embargo, un total de ocho personas, incluyendo al expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Larry Householder, han sido acusadas en el escándalo multimillonario acaecido tras la aprobación del “House Bill 6”.
Trágicamente, dos de ellos terminaron cometiendo suicidio, el más reciente siendo Sam Randazzo, expresidente de la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO), quien fue encontrado muerto el pasado mes de abril.
Según consta en los pasados procesos judiciales en el ente federal, el esquema de corrupción y fraude totalizó $60 millones en sobornos para influenciar a políticos con la intención de que aprobaran el proyecto de ley que beneficiaba a FirstEnergy, y que costó a los clientes de energía de Ohio $1.300 millones.
Las más recientes acusaciones a nivel estatal emitidas por el fiscal general Dave Yost apuntan a que el plan de corrupción incluía garantizar –por parte de la administración DeWine– el nombramiento de Sam Randazzo para presidir la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO).
También revelan que Laurel Dawson, exjefa de gabinete y actual asesora del gobernador DeWine, testificó ante un gran jurado que conocía de un pago de $4.3 millones de FirstEnergy a Randazzo antes de que fuera designado como presidente de dicha comisión.
