Madrid, 10 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad contarán en España con unidades específicas contra los delitos de odio, que cada año se incrementan en el país, según han anunciado las autoridades en medio de una fuerte polémica por el caso de un joven que denunció una agresión homófoba por parte de unos encapuchados, de la que luego se retractó y reconoció que la había inventado.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presidó este viernes una reunión de una comisión que analiza estos delitos, que fue convocada de urgencia al conocerse que el joven había denunciado en Madrid la agresión de un grupo de encapuchados que le grabaron con un cuchillo en un gluteo la palabra "maricón", aunque luego confesó que era falso.
Tras la reunión, el Gobierno anunció que la Policía y la Guardia Civil españolas tendrán grupos específicos contra los delitos de odio, al estilo de las que llevan casos de violencia de género.
Además de que aumentarán los recursos de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018.
Los delitos e incidentes de odio han experimentado un crecimiento constante en torno al 9 por ciento anual desde 2014 en España, según datos oficiales.
La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Gobierno español, Boti G. Rodrigo, reclamó tras asistir a la reunión que se agilice la tramitación en el Parlamento del país de varios proyectos de leyes en defensa de los derechos del colectivo LGTBI.
"Las agresiones están siendo muy dolorosas y tenemos que poner solución a esta lacra de la forma más urgente posible", denunció, pues aunque el caso del joven en Madrid resultó ser una denuncia falsa, en los últimos días se han conocido en el país varias agresiones homófobas.
La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Uge Sangil, advirtió por su parte de que "la semilla de los delitos de odio son los discursos de odio" e instó a que los partidos políticos eviten señalamientos hacia grupos vulnerables, entre ellos personas LGTBI.
El caso ha suscitado un cruce de críticas entre formaciones de izquierda como Unidas Podemos, que integra el Gobierno de coalición con el Partido Socialista, y de derecha como el Partido Popular (PP), principal grupo de oposición.
Desde la izquierda se acusa al ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español, de alentar discursos de odio con la complacencia del PP, quienes responden que se intenta estigmatizarlos con esa acusación utilizando esta problemática con fines partidistas.
