Asunción, 29 sep (EFE).-La Policía Nacional de Paraguay dispersó este miércoles con carros de agua a un reducido grupo de manifestantes, identificados como integrantes de comunidades indígenas, concentrados frente al Congreso en rechazo al proyecto de ley que castiga con hasta díez años de cárcel las invasiones y ocupaciones de tierras.
Durante los incidentes se quemaron varios vehículos aparcados en la zona, que permanece custodiada por efectivos policiales y a la espera de que llegue la manifestación campesina convocada para seguir desde el exterior la sesión de hoy en Diputados, que ya comenzó a tratar el proyecto aprobado la pasada semana en el Senado.
La Policía reportó varios policías heridos, de poca consideración, tras los enfrentamientos en el área, que quedó despejada tras la intervención policial.
Algunos portavoces policiales informaron a los medios de que un grupo de personas intentó derribar la valla que protege la entrada del Congreso y después lanzaron piedras a los agentes desplegados.
En las inmediaciones del Congreso acampan desde días atrás indígenas que se oponen al proyecto, repudiado a su vez por las principales organizaciones campesinas del país.
El texto aprobado en la Cámara Alta sanciona como crimen la invasión de propiedades, eleva a seis años la pena por las invasiones y a diez años de cárcel en el caso de que ocasionen daños de bienes y patrimoniales.
Entre los opositores se situaron los senadores del Frente Guasu, la mayor articulación de izquierda del país, que alegaron que criminaliza la lucha campesina y el derecho a la tierra.
Las fuerzas de izquierda argumentan que la usurpación de tierra al campesinado y a los pueblos originarios es la causante de un éxodo que les condujo a las áreas urbanas, en asentamientos precarios y sin servicios básicos del Estado.
Y enmarcan parte de la problemática en las denominadas tierras malhabidas, los terrenos sujetos a la reforma agraria que fueron entregados por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) a sus aliados políticos.
Por contra, los defensores del proyecto, respaldado por el gobernante Partido Colorado, lo justifican desde el derecho a la propiedad privada y en el contexto de un incremento de las invasiones y ocupaciones de propiedades.
Algunos medios informaron de cierres de rutas en algunos departamentos por parte de campesinos, pero sin registrarse hechos violentos.
