La Habana, 12 oct (EFE).- La plataforma virtual ciudadana Archipiélago anunció este martes que estudiará si mantiene o no la convocatoria a la marcha pacífica opositora del 15 de noviembre en varias ciudades de Cuba, después de que el Gobierno la desautorizara al considerarla "ilícita".
"Manifestarse es un derecho, pese a que lo violen constantemente", aseguró a Efe el dramaturgo Yunior García Aguilera a la salida de la Intendencia de La Habana Vieja, minutos después de recibir la respuesta negativa del Gobierno a la solicitud presentada por él y otros activistas para realizar la marcha principal en La Habana.
¿UN DERECHO O UNA PROVOCACIÓN?
García Aguilera, uno de los arrestados el pasado 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales en Cuba, subrayó que defenderá su derecho a demandar la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia y "el respeto de todos los derechos de todos los cubanos, sin importar dónde vivan y cómo piensen".
La misiva firmada por el intendente del Consejo de la Administración de ese municipio capitalino, Alexis Acosta, argumenta que la solicitud de Archipiélago es "una provocación" como parte de la estrategia de "cambio de régimen" para Cuba "ensayada en otros países".
Las autoridades argumentaron que, según la Constitución de 2019, el "sistema socialista" que impera en el país desde hace más de seis décadas es "irrevocable".
García Aguilera, uno de los promotores de la marcha en La Habana y otras ciudades del país, comentó que "no hay nadie en Cuba que no quiera un cambio", y subrayó que ese cambio solo podrán hacerlo los cubanos.
Preguntado sobre si se va a realizar o no la marcha, el dramaturgo respondió que Archipiélago es un grupo diverso y democrático, de modo que la decisión la tomarán sus integrantes por consenso tras una o varias reuniones online desde hoy mismo.
En la comunidad cubana en las redes se han disparado los comentarios, en su mayoría de rechazo a la desautorización de la marcha pacífica, y muchos opositores han manifestado su intención de salir a la calle ese día aún sin permiso del Gobierno.
Por otra parte, activistas denunciaron en las redes el arresto en las últimas horas de Daniela Rojo, una de las moderadoras del grupo, por parte de agentes de la Seguridad del Estado, el organismo de inteligencia y contrainteligencia de Cuba.
UNA PETICIÓN INUSUAL
Archipiélago solicitó el permiso para realizar una "Marcha pacífica por el cambio" el 20 de noviembre, aunque más tarde la adelantó al día 15 porque el Gobierno convocó un acto militar para la primera fecha.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de Cuba anunció la noche del jueves pasado la realización del ejercicio militar "Moncada" entre el 18 y el 20 de noviembre, declarando además este último como Día Nacional de la Defensa. Aseguró que las fechas ya estaban programadas con antelación.
Los organizadores de la marcha pacífica opositora preveían en La Habana la participación de unas 5.000 personas, en un recorrido que comenzaría en la avenida del Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede del Parlamento unicameral.
La marcha sería "contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas", según los solicitantes.
En su escrito reclamaron el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución.
Sin embargo, las autoridades interpretan que un derecho constitucional "no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha".
En Cuba, los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno, por lo que, de haber recibido luz verde, la marcha del 15N habría sentado un precedente histórico.
El pasado 11 de julio, miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel.
El país caribeño atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población.
