AGUADA, Puerto Rico — En la primera semana de abril, un desperfecto y consiguiente avería en una de las principales plantas generadoras de energía causó un apagón general que dejó a Puerto Rico completamente a oscuras. 

La falta de energía eléctrica implicó que el sistema de bombeo que suministra agua potable al país no pudiera funcionar, dejando desprovisto al pueblo del preciado líquido. 

De igual forma, se interrumpió el servicio de internet, y la gasolina comenzó a escasear ante la abrumadora demanda del combustible para abastecer plantas de generación eléctrica en los hogares. 

Originalmente, el gobernador, quien estaba de viaje en España, emitió un comunicado asegurando al país que la situación se resolvería en menos de 24 horas. No obstante, cinco días después del apagón, cientos de miles de puertorriqueños aún carecían del servicio de agua y luz. 

Este mes de mayo iniciarán las lluvias en el Caribe, seguido por la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio. A casi cinco años del huracán María, el reciente apagón es señal de que el sistema energético de Puerto Rico no está preparado para enfrentar otro fenómeno atmosférico.

Como territorio (no incorporado) de los Estados Unidos, Puerto Rico recibió millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción infraestructural, incluyendo la del sistema de generación y distribución eléctrica.  

Actualmente, las decisiones financieras de Puerto Rico no recaen sobre la legislatura, sino por una junta de control fiscal impuesta por el Congreso, la cual condicionó el proceso de asignación de fondos con la privatización de la compañía de electricidad, que era una agencia pública, conocida como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). 

Una alianza de empresarios canadienses y estadounidenses, crearon un consorcio diseñado específicamente para tomar las riendas de la energía en Puerto Rico. El nombre de la empresa es Luma Energy. 

La contratación de Luma fue controvertible desde que se anunciara la transacción, que cuesta al pueblo puertorriqueño aproximadamente 100 millones de dólares al año.  

Como nueva empresa, Luma tomó la decisión de no honrar los acuerdos de los sindicatos laborales, desplazando a miles de empleados experimentados de la AEE, sustituyéndolos por nuevo personal, inclusive importando trabajadores de los Estados Unidos.  

Según una reciente pesquisa realizada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, al presente Luma solo cuenta con un tercio de los peritos requeridos para trabajar averías y ofrecer servicio según los estándares establecidos por la AEE. 

El hecho representa un aspecto potencialmente catastrófico en caso de otro desastre natural, y que parece haber quedado demostrado tras el apagón de abril.

Otra característica del contrato de Luma que ha incomodado al pueblo puertorriqueño, son los salarios gerenciales. Los principales cinco ejecutivos de Luma devengan un sueldo anual de $500,000, más incentivos y bonificaciones. 

De acuerdo con la pesquisa de la Cámara de Representantes, el presidente de Luma, el canadiense Wayne Stensby, gana $1,110,155 al año. Según el censo poblacional 2020, el salario per cápita en Puerto Rico es de $14,000 anuales.  

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, confirmó en una conferencia de prensa –previo al apagón– que estaría rindiendo un informe sobre la pesquisa cameral a los líderes de los comités de energía al Senado de Estados Unidos, la Casa Blanca y FEMA.