Jerusalén, 18 ene (EFE).- La familia Salhiya mantiene hoy las bombonas de gas en el tejado y botellas de gasolina en el salón ante el temor de que las autoridades israelíes, que ayer derribaron tres estructuras de su parcela de Jerusalén este ocupado, regresen para ejecutar una orden de desalojo.
"Si regresan, haremos explotar la casa. No nos vamos a ir otra vez", advirtió hoy en entrevista con Efe Mahmud Salhiya, uno de los propietarios, al relatar que su familia ya fue expulsada de Jerusalén Oeste tras la creación del Estado de Israel.
Como gran parte de sus vecinos refugiados, que desde hace décadas residen en este céntrico barrio de Sheij Yarrah, también han recibido una orden de expulsión, en este caso porque la Municipalidad confiscó su parcela para construir una escuela.
Según la ONG israelí Ir Amim, unas 70 familias, más de 300 personas, están bajo amenaza de desalojo solo en este barrio próximo a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Más de 200 familias palestinas en toda la ciudad, según la ONU.
La mayoría está en procesos judiciales que se dirimen en cortes israelíes, bien porque organizaciones judías reclaman su propiedad de antes de 1948; bien porque han construido ilegalmente o porque, como en el caso de los Salhiya sus terrenos han sido confiscados en pos de servicios públicos, en este caso una escuela.
"Quieren tomar el control total del barrio de Sheikh Jarrah. Quieren hacer que los residentes judíos sean más que los residentes árabes. Esto es lo que quieren decir. Su excusa de que quieren construir escuelas es incorrecta y no vamos a comprarla", considera Mahmud.
"Ya fuimos desplazados de Ein Karem (una villa de la parte oeste de Jerusalén) en 1948 y luego fuimos en 1967 y no volveré a ser expulsado. ¿Adónde debemos ir yo y mi familia?", asegura Mahmud en el interior de su vivienda que no pretende abandonar.
Junto a su casa, está la de su madre, Um Mahmud, y en la parcela familiar, adquirida según la familia antes de 1967 cuando el área estaba controlada por Jordania, acogía hasta ayer un aparcamiento, un almacén y un conocido vivero, hoy destruidos.
Las Policía desplegó desde primera hora de la mañana de ayer lunes un amplio dispositivo de seguridad para ejecutar el desalojo, cuando la familia se atrincheró en la vivienda.
Por la noche, la Policía israelí, que había bloqueado el acceso durante todo el día, abandonó el área después de remover varias estructuras, hoy montañas de escombros en la parcela.
Las delegaciones de la Unión Europea ante Palestina pidieron ayer posponer el desalojo hasta que se celebre la vista judicial sobre este caso prevista para el 23 de enero.
"Es imperativo desescalar la situación y buscar una resolución pacífica. Los desalojos y las demoliciones son ilegales según el derecho internacional y socavan significativamente las perspectivas de paz, además de alimentar las tensiones sobre el terreno", indicó la misión diplomática.
