La CE defiende más respeto de derechos y medioambiente en comercio con países desfavorecidos
Bruselas, 22 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un renovado sistema generalizado de preferencias (SGP) para facilitar las exportaciones de los países en desarrollo, que prestará más atención al respeto de los derechos humanos y el medioambiente.
Al mismo tiempo, facilitará la activación de cláusulas de salvaguarda para evitar que las industrias europeas puedan verse perjudicadas por este sistema, que promueve el comercio con un total de 67 países en la actualidad.
El esquema, en vigor desde 1971, “ha demostrado su valor a lo largo de los años”, indicó el vicepresidente ejecutivo de la CE a cargo de Comercio, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa para presentar la iniciativa, que ahora deberá ser tramitada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) -en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete-.
Según dijo, las importaciones desde países beneficiarios del SGP a la UE se incrementaron un 25 % entre 2015 y 2019, en comparación con el aumento del 16 % desde el conjunto de países terceros.
INCENTIVOS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha propuesto una renovación del sistema a partir de 2024 y hasta 2034, con cambios que durante diez años fomentarán que los países implicados presten más atención a derechos como los laborales y a la sostenibilidad, de acuerdo con las metas que se ha propuesto la propia UE.
La esencia del programa es que, de manera unilateral, elimina o reduce los derechos de importación a productos procedentes de países vulnerables con bajos ingresos (de acuerdo a la clasificación que hacen las Naciones Unidas), apoyando al mismo tiempo la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la participación de esos estados en la economía global.
Se articula en tres acuerdos diferentes, uno de ellos el “todo menos armas” para los países menos desarrollados que se benefician de un acceso a la UE sin cuotas ni aranceles para todos los productos, a excepción de armas y munición.
El segundo es el SGP estándar para los países de renta baja y media a los que se concede la eliminación total o parcial de los aranceles en dos tercios de las líneas arancelarias.
Y, el tercero, el SGP+, otorga incentivos especiales para el desarrollo sostenible y la buena gobernanza y recorta los aranceles al 0 % para las mismas líneas arancelarias que en el caso del GSP estándar.
De este último se benefician los países vulnerables de ingresos bajos y medios (entre ellos Bolivia) que hasta ahora implementaban 27 convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, la protección del medio ambiente y el clima y la buena gobernanza, y que en la revisión presentada hoy por la CE ascienden a seis más.
Así, la Comisión propone incluir protocolos relacionados con la participación de niños en los conflictos armados, los derechos de las personas con discapacidad, la inspección del trabajo, consultas tripartitas, la delincuencia organizada trasnacional y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
La nueva propuesta también incluye un procedimiento de emergencia para retirar temporalmente las preferencias a un país en caso de “graves violaciones” que requiera una respuesta rápida, y que permitirá acortar el proceso de retirada de 18 a 7 meses.
PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA EUROPEA
El actual sistema ya incluye cláusulas de salvaguarda para evitar la competencia directa de ciertos productos y que puedan salir perjudicadas las industrias europeas.
Una de ellas es general, para todos los productos y se activa cuando un país de la UE presenta una queja bien fundamentada (como en el caso del arroz camboyano y el birmano), mientras que la otra es “automática” y se aplica solo a productos agrícolas, pesqueros y textiles cuando exceden un determinado umbral.
En la revisión del programa, se simplifica la posibilidad de que un Estado miembro pueda poner una queja y se modifica la manera de activar la salvaguarda “automática”.
Fuentes comunitarias explicaron que, hasta ahora, ésta no se había utilizado porque se basaba en medir ciertos valores y volúmenes de importaciones a la UE, en comparación con el porcentaje del total de las importaciones de productos de ciertos países.
La nueva propuesta se basa únicamente en el elemento del valor y se instauran umbrales “sincronizados” con la graduación de aquellos productos que salen del sistema porque son más competitivos.
