En el mes de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) determinó que las políticas de acción afirmativa en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte son ilegales. La decisión ha causado malestar entre personas de color –en su mayoría hispanas y afroamericanas– pues abre la puerta a que se generalice la eliminación del factor racial en los procesos de admisión como uno a considerar en las solicitudes universitarias, y con ello el potencial de obstaculizar el acceso de grupos marginados a la educación superior.
Históricamente, la Corte ha respaldado el elemento racial en admisiones universitarias, sin embargo, en la actualidad tenemos una SCOTUS predominantemente conservadora. De los nueve jueces, seis son conservadores, y votaron para poner fin a esta práctica, argumentando que tales políticas violan la cláusula de protección igualitaria provista en la Enmienda 14 de la Constitución.
En reacción, la honorable jueza Sonia Sotomayor presentó una disidencia basada en que la cláusula de igual protección “consagra una garantía de equidad racial” y que, por lo tanto, no podía ser daltónica. Según ella, los precedentes de la corte han definido meticulosamente la acción afirmativa, y escribió que esta política “no solo es viable, sino que ha estado funcionando”.
Tras hacerse pública la decisión –insatisfecho y aludiendo a que el discrimen racial todavía existe en los Estados Unidos– el presidente Joe Biden dijo en conferencia de prensa que pediría al Departamento de Educación explorar alternativas y nuevos métodos para garantizar que las instituciones universitarias mantengan su diversidad étnica, sugiriendo un modelo que tenga en cuenta la adversidad y el estatus socioeconómico.
Las demandas contra ambas universidades fueron presentadas por un grupo llamado Students for Fair Admissions (estudiantes en pro de admisiones justas). En el caso de Harvard sostuvieron que el proceso de ingreso discrimina contra solicitantes asiáticos, en violación al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, por lo que es menos probable que sean aceptados en comparación con candidatos igualmente calificados que sean negros, hispanos o blancos.
En el caso de Carolina del Norte, alegaron que el uso de la raza entre los criterios de admisión es injusto y provee una “preferencia excesiva” a solicitantes de grupos subrepresentados, discriminando contra estudiantes asiáticos y blancos en el proceso. La parte demandante aludió a que la práctica viola el Título VI y la garantía de igual protección bajo la Enmienda 14 de la Constitución.
Students for Fair Admissions está liderado por Edward Blum, un estratega legal y cabildero blanco de derecha, quien presentó ambas demandas en 2014. Blum no es estudiante de ninguna de las instituciones, pero recibe millones de dólares en fondos provenientes de donantes igualmente conservadores con el objetivo de desafiar políticas de índole racial, que considera injustas.
La acción afirmativa por su parte fue establecida para promover la educación avanzada en grupos históricamente marginados y contrarrestar el impacto causado por la segregación racial de los sistemas universitarios.
No obstante, desde una perspectiva moderna, la integridad y prestigio de una institución académica resulta cuestionable si esta requiere de una ley para asegurar la equidad de oportunidades a grupos étnico-raciales y diversidad cultural en sus recintos.
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FOTOS: (CC/Wally Gobet) | (CC/Gage Skidmore)
