El Supremo israelí cierra la vista sobre el nombramiento de un ministro sin emitir un fallo
Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel celebró hoy una vista para valorar la legalidad del nombramiento como ministro del líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, inhabilitado tras ser condenado por fraude fiscal, un caso que marca el primer choque entre la Justicia y el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.
Tras una audiencia en que se abordaron los recursos contra el nombramiento de Deri como titular de Interior y Sanidad, los jueces suspendieron la sesión sin emitir fallo final, pero sí mostraron su escepticismo sobre la legislación aprobada en el Parlamento para permitir que el veterano político pudiera ser designado ministro.
Esta era una de las condiciones que Shas impuso para pasar a formar parte del nuevo gobierno de coalición que Netanyahu lidera y que se formó a fines de diciembre.
Se trata del Ejecutivo más derechista de la historia de Israel y, dos días antes de su toma de posesión, la cámara parlamentaria aprobó una norma que supuso una enmienda a la Ley Básica -con rango constitucional- que permite a Deri ser ministro al establecer la inhabilitación de un alto cargo público solo cuando haya ido a la cárcel.
El líder de Shas ha sido condenado dos veces por corrupción, una en los años 90 y otra el año pasado, cuando fue inhabilitado en su segunda condena por fraude fiscal, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Justicia por el que también tuvo que renunciar a su posición ministerial de entonces.
Tras la aprobación de la enmienda y la nueva designación de Deri, varias asociaciones israelíes como el Movimiento por un Gobierno de Calidad presentaron recurso al Supremo al argumentar que su nombramiento es ilegal.
La fiscal general israelí, Gali Baharav Miara, presentó también su posición sobre el caso al Supremo y consideró también ilegal que Deri se convierta en ministro pese a la norma aprobada ad hoc.
Este primer encontronazo del Supremo con las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Netanyahu coinciden con la presentación la víspera del polémico plan de reforma judicial del nuevo Gobierno, que preocupa a juristas y a la oposición porque entienden que socava la independencia judicial.
Las reformas planteadas por el titular de Justicia, Yariv Levin, incluyen una propuesta de ley que permitiría que una mayoría simple de 61 diputados en una Cámara de 120 pueda anular una decisión de la Corte Suprema que implique derogar una ley o decisión del Gobierno.
Esta medida se conoce como "cláusula de anulación" y, según los críticos, podría acabar con la separación de poderes en Israel.
Este jueves, tras el anuncio del plan, hubo protestas ante la sede del Supremo en que los manifestantes mostraron su oposición a la reforma.
