Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- El mecanismo para el combate de la corrupción en Honduras, que surgirá a partir del Memorándum de Entendimiento suscrito este jueves entre el Gobierno que preside Xiomara Castro y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será "independiente, autónomo e imparcial".
Las partes firmantes reconocen que la intención de la primera fase será que el Gobierno hondureño asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, autónomo e imparcial, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, subraya el acuerdo.
MECANISMO INVESTIGARÁ CORRUPCIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La primera fase del mecanismo incluirá el envió de un equipo de las Naciones Unidas a Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones existentes de la ONU, compuesto inicialmente de personas expertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas legales, en el análisis de información -incluida la información financiera- y en el sistema jurídico nacional hondureño.
Además, el equipo de expertos brindará asistencia técnica para "iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones del Estado".
En la primera fase también se evaluará, con base en la asistencia técnica, los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal pública.
También se determinarán las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el sistema judicial, y se identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras.
El acuerdo subraya que entre otras cosas "se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos".
Además se refiere a la abrogación de un decreto que limita las funciones del Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos.
De manera paralela al desarrollo de la primera fase, las partes negociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento del mecanismo.
El Gobierno hondureño reconoce que el establecimiento del mecanismo estará sujeto a la existencia de un mandato emanado de alguno de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas y al dictamen favorable por escrito de ambas partes sobre la existencia de garantías y requisitos jurídicos mínimos para su funcionamiento.
La segunda fase, según el memorándum, empezaría con la ratificación del convenio bilateral negociado entre las Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a través del cual se establecería formalmente el mecanismo, en fecha por definir.
Además, en la segunda fase se definirán, de común acuerdo, los términos de referencia para la selección del liderazgo idóneo del titular del mecanismo, así como su equipo de trabajo, contrataciones y financiación.
En el caso de una disputa o controversia que surja, las partes deberán realizar todas las gestiones posibles para solucionar la disputa a través de consultas directas.
El memorándum, que fue suscrito por el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, y el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, tendrá una duración de seis meses prorrogables, salvo que las partes alcancen un entendimiento por escrito en contrario.
La presidenta hondureña, y el secretario general de la ONU, António Guterres, comparecieron como testigos de honor.
