Estados Unidos impondrá este jueves sanciones a funcionarios cubanos que considera directamente implicados en abusos de derechos humanos durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, dijo a Efe un alto funcionario estadounidense.
Las sanciones forman parte de la respuesta del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, a la situación en la isla, que también incluye posibles medidas para tratar de mejorar el acceso a internet en Cuba y un estudio de la posibilidad de autorizar de nuevo el envío de remesas al país.
Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, aseguró a Efe que el anuncio de las sanciones llegará este mismo jueves, 11 días después de las inéditas protestas antigubernamentales en la isla.
Una fuente legislativa, familiarizada con las conversaciones dentro de la Administración estadounidense, también confirmó a Efe que Biden impondrá una nueva ola de sanciones "selectivas" contra funcionarios del Gobierno de Cuba, en un intento por apoyar las protestas del pueblo cubano.
Se espera que las sanciones afecten a un pequeño número de funcionarios del Ministerio de Interior de Cuba y de sus militares.
El pasado lunes, el Gobierno de EE.UU. reveló que el Departamento del Tesoro estaba "explorando designar a funcionarios cubanos responsables de la violencia, la represión y las violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos" en Cuba.
"Nos enfocaremos en aplicar sanciones fuertes al régimen oficial responsable de la brutal represión", insistió este miércoles la secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica en funciones, Julie Chung, en un tuit.
Biden también ordenó a su equipo que estudie volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado, siempre que se pueda garantizar que el dinero "llegue directamente a las manos del pueblo cubano", explicó a Efe un funcionario estadounidense.
Otra de las medidas que el Gobierno anunció este lunes que están bajo estudio es el traslado de más personal a la Embajada estadounidense en La Habana con el objetivo de "facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad civil" y también por motivos de "seguridad".
El presidente también ordenó a su Gobierno trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer "más accesible" el internet en Cuba, tras el apagón del acceso en los móviles después de las protestas.
