Por décadas, el uso y distribución de la heroína u otros narcóticos opioides fue criminalizado. En las décadas de los 70 y 80, la práctica se centraba en vecindarios pobres y las víctimas de este nefasto hábito generalmente eran personas negras e hispanas. De ser aprendidos por las autoridades, los adictos eran enviados directamente a prisión sin opción a un tratamiento de rehabilitación.
A principios del nuevo milenio, los opioides comenzaron a proliferar entre jóvenes de regiones suburbanas y zonas rurales predominantemente blancas.
Ante esta variación –y un alarmante aumento en muertes relacionadas– hace unos años la problemática de estos narcóticos fue denominada epidemia y comenzó a visualizarse como una crisis de salud.
Cuando el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, sorpresivamente autorizó el uso de cannabis medicinal dijo que la medida fue impulsada por el preocupante incremento en uso de opioides en su estado.
Según Beshear, muchas personas de clase trabajadora quienes habían quedado lesionadas en sus labores reciben recetas médicas para analgésicos fuertes. En esta dinámica, algunos resultaban adictos mientras que otros, carentes de seguro médico, optan por automedicarse, corriendo la misma suerte.
La heroína es un producto importado ilícitamente. Si bien es letal, en Ohio y Pensilvania existen opioides más mortales, regulados por entidades federales y de fabricación doméstica: los fármacos.
Los narcóticos como el fentanilo y la oxicodona han reemplazado a la heroína. Son más potentes, y su disponibilidad es de fácil acceso.
De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por la agencia de medicina STAT, entre el 2017 y 2027, se pronostican alrededor de 500,000 muertes causadas por opioides. ¡Esta cifra sobrepasa la población de Pittsburgh o Cleveland!
Recientemente, el estado de Ohio en conjunto con agencias estatales de Nueva York y Florida, presentaron demandas contra CVS y Walgreens bajo alegaciones de que estos establecimientos manejaron inadecuadamente la dispensa en recetas de analgésicos opioides.
Al cierre de esta edición, las corporaciones habían acordado el pago de $10 mil millones combinados. Walmart también aceptó tentativamente la suma de $3 mil millones para resolver demandas similares.
El acuerdo no se finalizará hasta que los demandantes oficialmente acepten los términos de la proposición.
En agosto pasado, el juez de distrito, Dan Aaron dictaminó que, por los próximos 15 años en Ohio, el condado de Lake recibirá $306 millones y Trumbull County $344 millones por parte de las compañías mencionadas.
Según la demanda, los condados alegaron que las farmacias “abusaron de su posición de especial confianza y responsabilidad” como dispensadores registrados de medicamentos controlados y que, al hacerlo “fomentaron un mercado negro de opioides recetados”.
En noviembre de 2022, las compañías adelantaron que apelarán la decisión y –a través de un comunicado de prensa– Fraser Engerman, director de relaciones externas de Walgreens, escribió:
“Los hechos y la ley no respaldaron el veredicto del jurado el otoño pasado, y no respaldan la decisión de la corte ahora…Como hemos dicho a lo largo de este proceso, nunca fabricamos ni comercializamos opioides; no los distribuimos”, puntualizó.
Walmart por su parte emitió un comunicado asegurando que los denunciantes del caso “demandaron a Walmart en busca de mucho dinero”. Afirmaron que el juicio “fue diseñado para favorecer a los abogados de los demandantes y estuvo plagado de notables errores legales”.
