Santiago de Chile, 27 dic (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este martes que en 2022 se ha destruido un 28 % más de armas que en el periodo anterior y reafirmó su política de "tolerancia cero" con estos artículos.
"Este año hemos aumentado en un 28 % las armas que vamos a destruir en comparación con 2021, lo que significa casi 3.900 armas más", aseguró.
Boric, partidario de la prohibición total de armas de fuego en manos de civiles, acudió a la destrucción de 17.590 armas que fueron o bien incautadas en distintos procedimientos policiales a lo largo del año o bien entregadas por sus propietarios.
El mandatario, en el cargo desde el pasado marzo, afirmó que entregar las armas privadas a las autoridades "es un ejemplo de responsabilidad cívica, que le hace bien a la sociedad".
"Imagínense si cada una de esas 17.590 armas hubiese herido a una persona, cuando tienen la capacidad de herir a muchas más. Es brutal pensar cuánto daño, cuánto mal, hacen las armas en manos de delincuentes, del crimen organizado o también de quienes no saben utilizarlas", apuntó.
Pese a que fue criticado durante la campaña electoral y al inicio de su mandato por no prestarle demasiada atención a la crisis de inseguridad, el exlíder estudiantil ha cambiado el tono en los últimos tiempos.
El pasado septiembre anunció un aumento del 4,4 % con respecto al año pasado en materia de seguridad en su primer proyecto de cuentas generales.
"Desde que asumimos como Gobierno hemos desplegado toda la capacidad del Estado para disminuir el poder de fuego de las bandas criminales y mejorar la seguridad de nuestro país, que sabemos que es una prioridad para la ciudadanía", concluyó Boric.
Las últimas encuestas ciudadanas han revelado una preocupante alza en la percepción de la inseguridad.
La fundación Paz Ciudadana publicó en octubre que el miedo de ser víctima de un delito creció un 7,6 %, alcanzando un 28 % a nivel nacional, la cifra más alta en 22 años.
Sin embargo, el país registra una de las tasas de homicidios por 100.000 habitantes más baja de Sudamérica, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
