La administración Trump ordenó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya no recibirán informes directos de los hospitales sobre COVID-19.
En lugar de esto, los reportes se enviarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés), controlado por la Casa Blanca.
Los informes incluyen recuentos de pacientes, número de ventiladores y camas de hospital disponibles, además de otras métricas de seguimiento de la pandemia.
“A partir del 15 de julio de 2020, los hospitales ya no deben compartir la información de COVID-19 en este documento con el sitio de la Red Nacional de Seguridad Sanitaria”, dicta la orden.
La red mencionada es el sistema de acumulación de datos de los CDC.
Según un artículo del 14 de julio en el New York Times, los funcionarios del gobierno argumentan que la medida “agilizará la recopilación de datos y ayudará al grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca” para atender mejor las áreas necesitadas.
Pero la base de datos del DHHS, a dónde irá ahora la información, no es accesible al público.
Algunos expertos en salud temen que los datos sean manipulados o retenidos de los científicos y el público en general.
“¿Cómo se protegerán los datos?”, dijo Jen Kates, directora de salud global de la Kaiser Family Foundation.
“¿Habrá transparencia, habrá acceso y cuál es el papel del CDC en la comprensión de los datos?”, cuestionó Kates.
El historial de la administración actual de cortar y silenciar cada vez más las voces científicas, al tiempo que plantea los intereses comerciales, podría justificar las preocupaciones de algunos funcionarios de salud.
