Rangún (Birmania), 14 feb (EFE).- La junta militar birmana ha aumentado la represión contra el movimiento de desobediencia civil, que este domingo prosiguió con las movilizaciones y paros en gran parte del país para oponerse a la toma del poder por los uniformados.
Las autoridades suspendieron los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Protección de la Seguridad y la Privacidad de los Ciudadanos, que exige una orden para poder detener a alguien y retenerlo más de 24 horas, entre otras garantías legales, según informó anoche el medio castrense True News Unit.
A partir de ahora, los policías y militares tampoco necesitarán órdenes para realizar registros, al tiempo que tendrán carta blanca para interrumpir las comunicaciones de los ciudadanos y pedir sus datos a las operadoras de internet.
Estas medidas dan cobertura legal a las prácticas de represión como las detenciones arbitrarias y los cortes de internet realizados desde el golpe del pasado 1 de febrero encabezado por el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing.
Por otra parte, las autoridades también exigirán que los ciudadanos tengan que informar de los invitados que pasen la noche en sus hogares con el fin de localizar de manera más fácil a disidentes y simpatizantes de las protestas.
MIEDO AL CAER LA NOCHE
Las redes sociales se han llenado de mensajes de birmanos que están denunciando detenciones nocturnas y hasta la presencia de delincuentes enviados supuestamente por los militares para atemorizar y sabotear los barrios.
"Los ciudadanos birmanos han construido barreras alrededor de las calles o zonas residenciales para protegerse de los criminales liberados de prisión por los militares", dice el mensaje de un birmano en Twitter.
El pasado viernes, las autoridades liberaron a 23.000 presos con motivo del Día de la Unión mediante una amnistía, una medida de perdón que se realiza normalmente en días señalados.
Sin embargo, algunos analistas también han advertido del riesgo de que se difundan bulos a este respecto y los vecinos tomen represalias contra inocentes.
PARO DE LOS TRABAJADORES FERROVIARIOS
Los paros de desobediencia civil, que comenzaron a partir del personal sanitario, también ha sido secundado por los trabajadores ferroviarios que han dejado sin servicio la estación de tren de Rangún, la antigua capital y la ciudad más poblada del país.
Las protestas multitudinarias continuaron hoy en las calles de diversas ciudades contra los militares, que ya gobernaron el país con puño de hierro entre 1962 y 2011.
Muchos portaban pancartas pidiendo la liberación de sus líderes electos detenidos, como la nobel de la Paz y jefa del Gobierno depuesto, Aung San Suu Kyi, al tiempo que algunos están haciendo un llamamiento a una intervención militar por parte de Estados Unidos.
En la ciudad de Mandalay, monjes del prestigioso monasterio Mya Taung se unieron a las movilizaciones contra la junta, informó el medio Myanmar Now.
La participación de los religiosos budistas se ha repetido en los últimos días, lo que recuerda a las llamada revolución azafrán contra los militares en 2007 que estuvo liderada por los bonzos.
Desde el golpe militar, al menos 384 personas han sido detenidas, de las 24 han sido liberadas, según el último informe de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
No se tienen noticias de Aung San Suu Kyi ni del presidente depuesto, Win Mying, desde que fueron puestos bajo arresto domiciliario el día del levantamiento militar.
Además de en las calles, la movilizaciones contra el golpe también se llevan a cabo en las redes sociales, a pesar de la orden de la junta militar de bloquear Facebook y Twitter, lo que muchos están sorteando gracias a programas VPN, que permiten acceder a internet a través de servidores fuera del país.
Las redes sociales son el elemento que distingue más claramente estas movilizaciones de las protestas contra lo militares en 1988 y 2007, que fueron sofocadas de manera violenta por el Ejército.
La junta militar, encabezada Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.
El secretario general de la ONU, António Guterres, así como Estados Unidos y la Unión Europea han condenado el golpe militar y han pedido la liberación inmediata de los líderes depuestos, mientras que China y Rusia se han mostrado menos críticos.
Los militares, acusados del supuesto genocidio de la minoría rohinyá, fueron los arquitectos de la transición de 2011 hacia una "democracia disciplinada" en la que los mandos castrenses se atribuyeron grandes cuotas de poder y una autonomía casi total del poder civil.
