A días antes de finalizar el año, la Corte Suprema del estado de Colorado determinó que el expresidente Donald Trump queda excluido como candidato en comicios dentro de esta jurisdicción. La decisión fue basada en una disposición constitucional que prohíbe de ese derecho a personas que han participado en algún acto de insurrección.
En reacción –el pasado mes de enero– el exmandatario sometió una petición formal en modalidad de apelación a la Corte Suprema de los EE. UU. para que revise este fallo, el cual tiene el potencial de poner fin a sus aspiraciones políticas.
La determinación del tribunal en Colorado fue de 4-3 con relación a la Sección 3 de la 14ª Enmienda, cláusula que descalifica a Trump amparándose en su rol durante el motín ocurrido en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.
También en diciembre, la secretaria del estado de Maine, Shenna Bellows (demócrata) había declarado a Trump como “no elegible” para aparecer en la papeleta (o boleta) electoral de su estado por las mismas razones. Ahora, con la apelación al Supremo, ambas decisiones quedan en suspenso.
Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos fueron designados por presidentes republicanos, tres de ellos por Trump.
En 2020, Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales y de acuerdo con analistas no necesita ganar este estado para obtener ni la nominación presidencial republicana o la presidencia. Pero el fallo de Colorado puede abrir paso a que tribunales o secretarios de estado en otras jurisdicciones también tomen acciones similares y lo eliminen de sus papeletas.
Según encontró La Mega Nota, existen decenas de demandas en varios estados buscando evitar su participación, pero ninguna había tenido éxito. Los siete jueces de Colorado, todos fueron nombrados por gobernadores demócratas, y el equipo legal de Trump se ha expresado públicamente categorizando la decisión como una “extralimitación” de la corte y señalando que el tribunal no podía “simplemente declarar que el ataque del 6 de enero fue una insurrección sin un debido proceso judicial”.
Sin embargo, en Colorado, un juez de distrito ya había previamente catalogado a los eventos del 6 de enero como una “insurrección” incitada por Trump. La Corte Suprema del estado utilizó esta premisa como fundamento.
Por otro lado, cabe destacar que los peticionarios de la demanda original eran seis electores republicanos no afiliados, pero fue financiada por un grupo liberal con sede en Washington D.C.
La disposición constitucional en la que se ampara la corte de Colorado y la secretaría de estado en Maine es antigua y apenas se ha utilizado desde la Guerra Civil, cuando impedía que soldados confederados regresaran a sus posiciones gubernamentales.
La cláusula tiene dos oraciones y básicamente estipula que cualquiera quien jure defender la Constitución y luego participe de una insurrección no puede ocupar un cargo político a menos que dos tercios de los votos del Congreso se lo permitan.
Al momento de redactar este artículo, la Corte Suprema de EE. UU. no había anticipado una fecha límite para emitir su determinación en el proceso de apelación. El impacto que pueda causar si se sostiene el fallo de Colorado, estará por verse.
Hasta la fecha existen al menos otros seis candidatos que buscan obtener la posición presidencial por el partido republicano. De ellos, Trump lleva la delantera en todas las encuestas.
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FOTO: (CC/Gage Skidmore)
