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Inmigración

Todavía intimida el tema de “carga pública”

por Mark Redin (ethnic media services)


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Los tribunales federales han bloqueado temporalmente la entrada en vigor del cambio en la regulación sobre la carga pública, pero sus efectos intimidatorios continúan resonando. 

El número de inmigrantes que, por temor a las consecuencias del cambio de reglas, han tomado o planean medidas para abandonar los servicios públicos a los que tienen derecho, excede con creces el número real de inmigrantes que estarían en riesgo si la regla entrara en vigor, según muestran los datos de las investigaciones.

Un estudio realizado en mayo por el Urban Institute encontró que casi el 14% de adultos de familias inmigrantes, informaron que ellos u otro miembro adulto de la familia, habían dejado de recibir beneficios o habían decidido no solicitarlos, incluso cuando le corresponde a un niño, en lugar de asumir el riesgo de estar expuesto a nuevas reglas. 

Entre las familias de bajos ingresos, esa cifra aumentó a más del 20%, según el estudio. 

Los programas que más se evitaron incluyen: SNAP (cupones de alimentos),  CHIP (seguro médico para niños), Sección 8 y otros tipos de asistencia para vivienda.

A nivel nacional, las familias de 22.7 millones de personas incluyen a inmigrantes que podrían ser víctimas potenciales del efecto intimidatorio creado por el miedo a los cambios en las reglas de carga pública.

El cambio de reglas propuesto, debía entrar en vigor el 15 de octubre de 2019, hasta que cuatro tribunales federales diferentes decidieron bloquearlo y emitieron mandatos judiciales en contra de su implementación.

Pero desde mucho antes –cuando la noticia del cambio de reglas propuesto comenzó a filtrarse antes del anuncio en octubre de 2018– millones de personas temían ser atrapadas en sus garras y evitaron usar los programas del gobierno destinados a ayudarles a ellos y a sus familias a llevar una vida más saludable y exitosa.

Un estudio del gobierno de Michigan encontró que “de 86,298 inmigrantes legales no ciudadanos que reciben asistencia pública del departamento de salud del estado, sólo a 611 se les podría hacer más difícil el camino hacia la residencia permanente legal si continúan recibiendo beneficios públicos”. Eso es menos del 1%.

Para los que ya están en Estados Unidos, la categoría de personas que más necesitan tener cuidado con las reglas de carga pública no son quienes reciben beneficios, sino aquellos que planean viajar al extranjero.

“Si tienes una tarjeta verde, no te vayas por más de 180 días”, dijo el exfuncionario de la administración de Obama, Doug Rand, cofundador de boundless.com.

“La lista de programas que ahora se consideran en la prueba de carga pública es más limitada de lo que parece a primera vista”, dijo Sara Feldman, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center). 

“El impacto se limitará principalmente al uso de cupones de alimentos, subsidios de vivienda y asistencia en efectivo. Aunque Medicaid está incluido, hay tantas excepciones en la regla que pocas personas inscritas en el programa se verían afectadas”, agregó.

Feldman también destacó que el uso de los beneficios públicos es sólo un factor al determinar quién obtiene la tarjeta verde (residencia). 

“Los oficiales de inmigración también tienen en cuenta los ingresos, el estado de salud, el dominio del inglés y otros factores”.

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