Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- Fabiola Campillai, la mujer que quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena en el rostro por parte de la Policía chilena durante las protestas de 2019, pidió este miércoles "celeridad" en su causa judicial y que comience lo antes posible el juicio contra el principal acusado.
Campillai se reunió con las máximas autoridades del Supremo y solicitó "llegar hasta el último juicio de las víctimas de este Gobierno y de este presidente indolente".
"Estamos contentos porque el presidente de la Corte Suprema dice que el Poder Judicial se juega su reputación con mi caso y que se compromete a darle celeridad al juicio para que esto no se dilate más", agregó la mujer, agredida el 26 de noviembre de 2019, cuando Chile estaba inmerso en la peor ola de protestas en décadas.
Aquella noche, Campillai se dirigía junto a su hermana a la parada de bus para ir a su trabajo como auxiliar de producción en una fábrica alimenticia y, al doblar la esquina de su casa, un carabinero le disparó una bomba lacrimógena que la dejó sin la vista, el olfato y el gusto.
"Estamos con mucha fe, tenemos mucha fuerza, vamos a solicitar una reunión con el fiscal nacional y esperamos que nos reciba también. Vamos a seguir adelante, no tan solo por nosotros, no tan solo por mi, sino por todas las víctimas del Estado", agregó.
Campillai, de 37 años, es una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó en Chile para sofocar las protestas y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.
Su caso y el de Gustavo Gatica, el otro joven que perdió la vista en la crisis social, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares que dejaron las revueltas, donde también hubo una treintena de fallecidos.
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares tras recibir disparos de balines o lacrimógenas por parte de las fuerzas de seguridad.
El pasado junio, la Fiscalía amplió hasta septiembre la investigación a petición de la defensa del exagente Patricio Maturana, identificado como el autor del disparo contra Campillai y actualmente en arresto domiciliario.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y fue la salida institucional y política que encontró el país para calmar las calles, pues la actual Carta Magna es heredada de la dictadura militar (1973-1990) y es considerada el origen de las grandes desigualdades de Chile.