La Junta de Control Fiscal atrincheró a los municipios de la Isla con un cobro de $66 millones que le adeudan al gobierno central –por aportaciones a los planes de salud y de retiro para sus empleados– y amenazó con retenerles sus ingresos para sufragar la deuda en caso de que no logren acuerdos e incumplan con los pagos.
Fue a partir del 1 de noviembre cuando el organismo regulador le ordenó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que dedujera una doceava parte de la deuda de las remesas mensuales de los municipios deudores, para cubrir las obligaciones mencionadas.
A principios de año, la jueza federal Laura Taylor Swain anuló la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019) con la que los ayuntamientos recibieron $166 millones para el pago de pensiones y $32 millones para los cuidados de salud de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
Con la determinación federal, los municipios resultaron obligados a reembolsar la totalidad recibida, pero parte de la cifra se subsana con el pago de $132 millones disponibles en el fondo de equiparación del CRIM.
A estos les quedó un saldo de $66 millones, que se traduce al 3% del presupuesto de $1,970 millones que se les otorgó a los 78 municipios.
Entre finales de septiembre e inicios de octubre, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, envió la primera ronda de cobro a unos 16 alcaldes, que incluyó a San Juan, Caguas, Carolina, Arecibo, Guayanilla, Cabo Rojo y Guánica.
No obstante, Jaresko enfatizó que si los municipios no pueden pagar la deuda que mantienen –algunos desde el 2018–, tienen hasta el 2 de octubre para comunicarse con la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno (ASR ) y acordar un plan de pago.
Este será sufragado con el saldo no comprometido del impuesto municipal a la propiedad y otros ingresos municipales.
“Una vez se establezca el plan de pago, el CRIM retendrá los pagos mensuales acordados de las remesas municipales y los remitirá a la cuenta del Departamento de Hacienda a nombre del municipio”, señaló la ejecutiva.
Jaresko también mencionó que, si los alcaldes no llegan a un acuerdo con la ASR, el organismo regulador le ordenará que se deduzca una doceava parte de la deuda de las remesas mensuales del municipio.
“Si bien no buscamos este tipo de cumplimiento forzoso, esta medida, bajo esas circunstancias, asegurará que todas las deudas pendientes del año fiscal 2018, se paguen durante 12 meses”, afirmó la directora.
Expertos economistas del país no ven solvencia en los municipios y prevén que estos simplemente no tienen el dinero para operar y simultáneamente continuar trabajando.
Ante este desalentador cuadro, se teme una ola masiva de despidos, parecida a la acontecida bajo la administración del exgobernador Luis Fortuno, o una reducción en el número de municipios.
Analistas proyectan la pérdida de 7,000 empleos en el sector público, mientras una reducción de municipios será cónsona con el número de distritos.
