Mucho antes de que un oficial de policía blanco acabara con la vida de George Floyd en Minneapolis, y luego de que otro asesinara a Rayshard Brooks, afuera de un Wendy’s en Atlanta durante el fin de semana, y antes de que el COVID-19 comenzara a matar a personas negras e hispanas al doble de la tasa de sus homólogos blancos, los médicos y expertos en salud advirtieron que el racismo sistemático es una pandemia generalizada y mortal.
Una que mata a estadounidenses negros y de tez morena con traumas generacionales, que contribuye a tasas más altas de mortalidad infantil y enfermedades cardíacas, incluso acelerando el proceso de envejecimiento.
Ahora, en medio de la crisis, líderes gubernamentales, aceptan esta realidad y declaran oficialmente que el racismo es una emergencia de salud pública.
Las alcaldías de Cleveland, Denver e Indianápolis han votado para reconocer el racismo como tal.
Funcionarios de Pittsburgh y del condado de Montgomery, en Maryland, han hecho lo mismo, al igual que representantes estatales en Ohio y Michigan.
La disparidad de salud, en las ciudades que han declarado esta emergencia, ha sido evidente durante décadas.
De acuerdo a un estudio reciente publicado por la Facultad de Medicina Johns Hopkins, en Cleveland, donde un oficial blanco disparó y mató impunemente a Tamir Rice, de 12 años, los bebés negros tienen casi tres veces más probabilidades de morir que los bebés blancos.
Las tasas de mortalidad materna para las mujeres negras es dos o tres veces mayor en comparación con las mujeres blancas, y los vecindarios donde la mayoría de los residentes son negros, tienen las tasas más altas de envenenamiento por plomo.
