Buenos Aires, 17 feb (EFE).- Argentina inició el 2022 luchando contra incendios, sequías y olas de calor, los efectos más perceptibles de la crisis climática que ya está instaurada en el planeta. Una situación que lleva a los ecologistas a exigir políticas de adaptación, mitigación y a criticar la falta de leyes claras para proteger el ecosistema.
La acumulación de gases de efecto invernadero provocados por medios de transporte, industrias, producción de alimentos y deforestación fueron los principales responsables del cambio climático, según Greenpeace.
En 2021, Argentina depredó 110.180 hectáreas de bosques, equivalentes a 12 canchas de fútbol por hora; y el 80 % fue talado de forma ilegal, reveló la ONG en su reporte anual de deforestación.
“Hay una ley que protege los bosques, pero no sirve si cada gobernador permite cambios en el ordenamiento territorial de zonas donde no deberían deforestar”, indicó a Efe el coordinador de campaña por el cambio climático de Greenpeace, Bruno Giambelluca.
La destrucción indiscriminada de flora evitó la liberación de humedad a la atmósfera necesaria para formar nubes de lluvia, secó el suelo y generó un ambiente fértil para transformar cualquier chispa en incendios incontrolables.
El Ministerio de Ambiente, en enero pasado, enumeró pérdidas mayores a 160.000 hectáreas de bosques por el fuego y un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reveló que, hasta el 7 de febrero, en la provincia de Corrientes se quemaron 519.000 hectáreas.
Los árboles que sobrevivieron a la mano del hombre fueron devorados por las llamas y toneladas de dióxido de carbono calentaron el planeta. Mientras, el calor batió récords y 21 provincias soportaron 40 grados diarios.
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
Los ambientalistas pusieron sus campañas de prevención en segundo plano para centrarse en incentivar acciones que obliguen al Gobierno a implementar políticas que adapten y mitiguen el cambio climático.
“Tiene que haber adaptación porque ya lo estamos viviendo. Si se inunda una ciudad cada vez que llueve, es necesario más infraestructura. Si se registran más incendios, debemos combatir el fuego apenas surja”, aseveró Giambelluca.
“El Gobierno tiene que frenar las emisiones. Es una situación gradual donde hay que convertir las energías sucias en renovables, una transición energética”, añadió.
Los reclamos giran en torno al cumplimiento del Acuerdo de París, en el que Argentina estampó su firma en el 2015 junto a otros 96 países bajo el compromiso de reducir la temperatura del planeta. Sin embargo, entre las víctimas de la pandemia está la economía y el ambiente pasa a ser un sacrificio para ingresar divisas.
El Gobierno de Alberto Fernández está enfrascado en una batalla judicial para buscar petróleo en el Mar Argentino. La propia cartera ambiental dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos, a poco más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, donde viven del turismo y la pesca.
La Justicia aceptó las medidas cautelares presentadas por organizaciones como Greenpeace y se frenó el proyecto, aunque el Estado apeló.
Fernández espera que su plan de adaptación y mitigación del cambio climático, del cual hizo gala en el 2021 en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático y que tiene como tope el 2050, calme las aguas. Busca promover la transición de energías renovables basadas en el hidrógeno, la adopción de tecnologías para reducir emisiones y tipificar como delito ambiental la deforestación ilegal.
“NO HAY TIEMPO” QUE PERDER
Para el abogado ambientalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, “no hay tiempo” de espera para lanzar leyes que realmente protejan al ecosistema y penalicen a los culpables, aunque lamenta que las normas ambientales cuesta aprobarlas por culpa de “grupos de presión".
“El tiempo no era percibido como una amenaza, pero nos viene apretando cada vez más la cuestión climática. No disponemos de décadas para convencer a las personas y vamos a tener que acelerar”, dijo a Efe.
Nápoli consideró elementos que pueden jugar a favor, ya que el Acuerdo de París también rige las relaciones y la política climática entre países.
“En algún momento empezarán a surgir barreras de cierre arancelario, se mirará cómo uno se comporta para permitir o no ingreso de productos de cada sitio”, alegó.
Según el director de FARN, las exportaciones de madera del Brasil que provienen de la deforestación ya son rechazadas: “Los mercados se cierran y el reloj va a correr rápidamente”.
Por otra parte, Argentina no cuenta con temas ambientales incorporados al Código Penal. Únicamente leyes especiales asociadas a delitos contra la salud y no podrían ser denominadas como crímenes contra el ambiente.
Además, no es posible perseguir jurídicamente a quien incendió un bosque si no existe una persona o propiedad afectada, y esas penas son excarcelables o acarrean multas.